Minutos de relleno para una Andalucía manga por hombro

La sesión de Pleno prevista para esta semana venía muy marcada por la política sanitaria. Son muchos meses de movilizaciones en toda Andalucía, de proliferación de plataformas ciudadanas, concentraciones, protestas sindicales y reuniones de todos los grupos parlamentarios con colectivos diversos que vienen reclamando respuestas a una serie de problemas para los que el gobierno de la Junta no plantea respuestas satisfactorias. Es más, el ejecutivo mantiene un discurso pétreo en el que sigue sin reflejarse el deterioro de un servicio público tan mal financiado por el gobierno central como mal gestionado por el gobierno autonómico.

Nuestro portavoz, Antonio Maíllo, fue contundente ante la presidenta abordando este problema y recordándole que tiene una holgada mayoría parlamentaria en defensa de la sanidad pública. Cada vez que habla negando sus dificultades con arrogancia, Díaz aumenta la indignación a pie de calle y aumenta también el tamaño de la ola sobre la que el PP lleva meses surfeando.

La presidenta a eso de las 12:15 de la mañana del jueves respondía a Maíllo que el dinero del incremento presupuestario negociado en Madrid con el gobierno central, unos 150 millones de euros para Andalucía, se destinarían a la sanidad, especialmente a dar estabilidad a sus trabajadores y trabajadoras. No habían pasado cinco horas cuando su portavoz de Salud anunciaba el voto en contra socialista a nuestra Proposición no de Ley para que el gobierno de la Junta destinara esa mínima décima del PIB a un Plan de Refuerzo de la Sanidad Pública en Andalucía. Lo más probable, y visto lo visto, con antecedentes como los planes de empleo, es que realmente aún no sepan qué van a hacer con ese dinero, o lo sepan, pero mejor no contarlo.

Tampoco parecen saber cuánto nos ha costado el viaje a Bruselas de la señora Díaz. Así al menos respondió el vicepresidente de la Junta a nuestro portavoz cuando le formuló la pregunta. Un viaje sin trascendencia para los intereses andaluces y si me apuran tampoco para las aspiraciones de ésta en torno a la Secretaría General de su partido, de agenda discreta en lo institucional, con set improvisado en un pasillo incluido, y de escaso interés para sus compañeros y compañeras de la socialdemocracia europea, si hay que medirlo por el número de asistentes al encuentro programado con su Eurogrupo y anunciado con una foto de Díaz sobre fondo rojigualda.

Compareció el Defensor del Pueblo para exponer su informe en torno a la situación de los menores en Andalucía, con la pobreza como hilo conductor de más de 200 páginas que reflejan la escasa efectividad del gobierno autonómico en este ámbito. Un informe que en realidad habla de los problemas de las personas adultas, de los que los y las menores son las víctimas más vulnerables: falta de vivienda digna, pobreza energética, empleo precario, falta de plazas en los comedores escolares, familias sin ayudas suficientes para atender a niños y niñas con alguna discapacidad, inequidad en la atención temprana, ciudades inhóspitas y barrios degradados en los que es difícil crecer… Esos debieran ser los desvelos del gobierno y del Parlamento, pero les voy a contar lo que realmente centró la atención en la sesión.

Como saben hace escasos días conocíamos el auto por el que el Tribunal Constitucional otorga su amparo a una diputada popular y le reconoce su derecho a estar en la Mesa del Parlamento. Ya está prevista su incorporación para hacer efectiva la sentencia tan pronto se publique, mientras se busca la fórmula que no lesione al resto de miembros, dado que todos y todas cumplen con lo establecido para formar parte del órgano de gobierno de la Cámara autonómica, tal es que sus formaciones políticas tengan Grupo Parlamentario legalmente constituido. Una cuestión jurídica pero también política, aunque en cualquier caso menor si la comparamos con el calado de otros temas pendientes en Andalucía.

Sin embargo, y ante una tribuna abarrotada de colectivos invitados para seguir tanto el Informe del Defensor del Pueblo como el debate final de la Ley de Servicios Sociales, que luego valoraremos, el PP montó un grandísimo espectáculo de luces y colores, una vez más, con la colaboración del Presidente del Parlamento, cuyo comportamiento macarra empieza a ser un verdadero problema en el desarrollo de las sesiones.

Lo vivido es difícil de narrar. Tres diputadas del PP pidieron la palabra para reclamar el cumplimiento inmediato de la sentencia, aunque el presidente no las dejaba hablar. Como en esos programas de la tele en los que les apagan el micro a los concursantes fuera de tiempo o a los tertulianos faltones, Juan Pablo Durán apagaba sus micrófonos que ellas inmediatamente volvían a encender y él a apagar permitiéndonos oír dos o tres palabras de cada intervención. Todo ello en mitad de un griterío formidable del resto de señorías populares y socialistas, que se intercambiaban lindezas de bancada a bancada, desgañitándose ante un público atónito. Recomiendo el visionado de la escena, no tiene desperdicio, especialmente la protagonizada por Esperanza Oña y el presidente, momento al que auguro viralidad en redes sociales. Por su parte Mario Jiménez tuvo para todos: para el PP por gritar y para IU por no hacerlo. Es verdad que el PSOE necesita un Congreso, y el señor Jiménez unas vacaciones.

Esto pasaba el miércoles y la resaca fue el jueves, cuando el inefable portavoz socialista se subió a la tribuna para hablar de la señora Cifuentes, objeto de una PNL de su grupo por las declaraciones de aquella sobre el pago por parte de los y las madrileñas de los servicios públicos en Andalucía. Que Cifuentes dijo una soberana memez y que recurrió a topicazos muy del gusto de la derecha, no da para una PNL, salvo que tengas mucho cupo y muy poca iniciativa, que es en realidad lo que le pasa al PSOE. Y poner a Jiménez a mostrar su repulsa por los insultos es hilarante: hay pocos diputados que sean capaces de lucir un catálogo de descalificaciones, salidas de tono y faltas de respeto personal y político que él. Rellenar minutos parlamentarios con esto, teniendo la comunidad autónoma manga por hombro es un ejemplo palpable de que el gobierno andaluz ha entrado en parada, como su grupo parlamentario y su partido.

Les decía arriba que se produjo la aprobación definitiva de la nueva ley de Servicios Sociales de Andalucía, y así fue aunque sin nuestros votos. La ley nace con el recurso a entidades con ánimo de lucro para la prestación de estos servicios esenciales en nuestra tierra para millones de personas. Es un error permitirlo. Con unas arcas públicas agotadas a costa de priorizar mal, recortar donde no se debe y pagar sin rechistar una deuda socializada que no era pública hasta que así lo decidió el bipartidismo, permitir que empresas puedan hacerse cargo de los servicios sociales, asumiendo que una parte del siempre escaso dinero destinado a sufragarlos se irá a pagar un beneficio industrial cuando se recurra a esta fórmula, está fuera de lugar, aunque la ley considera que sólo se hará con carácter excepcional.

“Excepcional” lo podemos entender como excepción de la generalidad o de la regla común, pero también como extraordinario o privilegiado. La experiencia contrastada nos pone ante la evidencia de que para el PSOE la segunda acepción de este adjetivo prevalece sobre la primera. Por eso hay ciudades andaluzas donde no existe un colegio público que ofertar en distritos plagados de colegios concertados, por eso hay provincias en las que empresas privadas tienen más hospitales que el SAS, y por eso hay mujeres trabajando por tres o cuatro euros la hora en plantillas de empresas concesionarias de la ayuda a domicilio para atender a personas dependientes.

Con esos antecedentes mantener el ánimo de lucro en una ley nacida para garantizar los Servicios sociales en Andalucía es muy preocupante, y marca un camino privatizador que ya se está recorriendo desde hace años y que sólo ha traído deterioro de los servicios públicos y precariedad para quienes trabajan en ellos.

En fin, PP y PSOE no acaban de entender la indignación ciudadana o los pasos irreversibles que vamos dando desde IU para construir y fortalecer poder popular que ponga en las instituciones andaluzas gobiernos con prioridades claras en torno a dignificar las condiciones de vida y de trabajo del pueblo andaluz. Si las decisiones sobre el futuro de nuestra tierra siguen en manos de quienes sólo muestran su vehemencia cuando hablan de sí mismos, del control sobre la Mesa del Parlamento o por las declaraciones de una señora cuyo partido gobierna este país gracias al “ofendido” PSOE, no levantaremos cabeza.

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